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La Corte Constitucional de Ecuador respalda los esfuerzos por la protección de esta porción de Amazonía, sin embargo, el gobierno de Lasso no detiene las operaciones en la zona.
En las entrañas de Yasuní se encuentra la mayor reserva de crudo de Ecuador: más de 1.672 millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en el mayor proyecto en la historia de la explotación petrolera en este país latinoamericano. Asimismo, los alrededores de esta área natural protegida también resguardan este preciado recurso. Es el caso del Bloque petrolero 43 o también llamado ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), que tiene una extensión de casi 2000 hectáreas, 100 de ellas dentro del Yasuní.
El Parque Nacional Yasuní, distintos estudios estiman que existen 150 especies de anfibios, alrededor de 600 de aves, así como más de 3000 de flora; colocándolo como una de las zonas más biodiversas del planeta. Del mismo modo, existe una población indígena en aislamiento voluntario que se mantiene conviviendo con el bosque, y que también necesita ser protegida.
El Yasuní se convirtió en objeto de interés mundial en 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa lanzó un plan aparentemente innovador para atraer más de 3.000 millones de dólares en donaciones de la comunidad internacional a cambio de mantener el abundante petróleo del parque en el suelo. Sin embargo, el plan se derrumbó unos cinco años después, con ambas partes alegando que la otra no estaba suficientemente comprometida con la iniciativa.
Actividad en el Yasuní
El 6 de marzo de 2020, la estatal Petroamazonas EP (que luego se fusionó con Petroecuador), adjudicó un contrato de prestación de “servicios específicos integrados” para la perforación y completación de 24 pozos nuevos para las plataformas B y D en Tambococha, en el Bloque 43 dentro del Yasuní ITT, provincia de Orellana.
El contrato de 148 millones de dólares se adjudicó a la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. Los nuevos pozos permitirían incrementar la producción en alrededor de 7.500 barriles de petróleo por día, según publicó Petroecuador en ese momento.
Como parte de los trabajos anexos a los nuevos pozos, desde el 27 de febrero de 2020 se inició la construcción de un acceso ecológico para conectar el tramo de la plataforma Tambococha B a la plataforma Ishpingo A, ambas ubicadas en el Bloque 43 –ITT.
Según Petroecuador, todos los accesos construidos en el Bloque 43 forman parte de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Ambiente. Su operación está legalmente autorizada. Previo al inicio de actividades constructivas de los accesos, se realiza una topografía ambiental a detalle. Participa un equipo multidisciplinario (biólogos, ambientalistas, constructores, técnicos) para identificar áreas biológicamente sensibles, como saladeros, comederos, bebederos, áreas de anidación, corredores ecológicos, árboles de importancia.
Según la estatal petrolera, se busca “precautelar el equilibrio del ecosistema natural, reduciendo los efectos de la fragmentación ecológica y priorizando el normal desarrollo de las especies arbóreas y terrestres”. Además, señala que hay “seguimiento a las condiciones físicas de cuerpos de agua, calidad de aire, niveles de presión sonora y emisiones a la atmósfera”. Y sobre la adjudicación a la compañía china, Petroecuador aclara que “la licitación se realizó mediante un Concurso de Ofertas con bases previamente establecidas, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes. La compañía Chuanquing Drilling Engineering Company Limited fue adjudicada una vez que superó los requisitos técnicos requeridos en las bases del concurso y presentó una oferta económica más baja en relación a la oferta económica presentada por la compañía Sinopec (también china), lo cual fue más beneficioso”.
A lo largo de varias décadas, organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras han realizado distintas demandas para evitar el avance de la explotación petrolera en la selva amazónica, en especial por las continuas reformas legales que dan mayor apertura a la extracción del crudo.
Sectores políticos que propugnan mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní, no han presentado alternativas de desarrollo económico para reemplazar los 1300 millones de dólares que significa la riqueza hidrocarburífera del sector. Tampoco señalan cómo sustituir las fuentes de trabajo que en estos momentos beneficia a cinco mil familias aledañas al ITT. Estos son recursos humanos y económicos de urgente necesidad para el país sudamericano que se debate en una crisis de pobreza y miseria local y nacional.
