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El Estado ecuatoriano presentó la “Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y Acceso al Libro de Ecuador”, acto que tuvo lugar en el Centro Cívico Cultural Museo y Biblioteca Mariscal Sucre, en Chillogallo, organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
El evento que tuvo como objetivos “la valoración de la oralidad y el fomento a la lectura más allá del ámbito educativo formal; atender al advenimiento de la cultura digital; y, propiciar procesos de sensibilización hacia diversas expresiones culturales a favor de la reconstitución del tejido social”, contó con la presencia del Presidente de la República, Daniel Noboa, y la autoridad del Ministerio de Cultura, Romina Muñoz, quien destacó en su intervención que el ministerio a su cargo “tiene la convicción de que mejorar el acceso a la cultura y fomentar procesos artísticos, promueve una sociedad más reflexiva, lo que fortalece nuestra democracia; y contribuyen a la construcción de un mejor futuro”.
¿Qué debemos entender por política pública?
A propósito de este acontecimiento que busca posicionar una “Política Nacional de Fomento a la lectura”, amerita reflexionar en torno a qué debemos entender por política pública. En primer lugar, la denominación de “nacional” resulta obvia, puesto que toda política pública es, o deber ser, de alcance nacional y con sentido incluyente.
Si bien es cierto que una política pública no necesariamente es responsabilidad exclusiva del Estado, éste sí puede ser articulador de agendas compartidas junto a otros actores. Una política pública es mucho más que la emisión de decretos, acuerdos ministeriales, asignaciones, que incidan burocráticamente sobre determinada problemática. En tal sentido, debemos entenderla como un proceso de deconstrucción social capaz de armonizar diversas visiones e intereses, en búsqueda de sentido y orientación en favor del interés común.
La cultura es, propiamente, la mayor experiencia humana y el ámbito en el que se producen y preservan los patrimonios, por tanto, la expresión más elevada son las lenguas, las artes, repositorios, textos y sus lecturas cotidianas.
¿Hasta dónde es dable planificar la cultura y sus manifestaciones diversas? Precisamente, lo planificable es el ámbito de socialización de las prácticas creativas culturales. Y en esa gestión. la herramienta es la política pública como instrumento concertado entre el Estado y la sociedad civil, de modo que se conviertan en una forma de gobernanza de gran alcance social.
Visto así, “las políticas públicas son, en general, delineamientos determinados por el interés común, que buscan guiar, articular y promover, a través de la concertación, las acciones a desarrollarse por diversos actores: el Estado, la sociedad civil con sus organizaciones sociales o gremiales, la empresa privada, los colectivos sectoriales, las ONGs, los emprendimientos privados, los gestores y promotores, para producir mancomunadamente un determinado beneficio y desarrollo social” (I.E.).
En ese sentido, la política pública atañe e involucra al sector público y al sector privado pertinente, como centros culturales y educativos, Cámara del Libro, editoriales; y, como beneficiarios, a toda la ciudadanía sin exclusión de nadie. En otras palabras, la política pública es esencialmente masiva.
Sabido es que, en temas de cultura, bien se puede hablar de políticas culturales que, siendo públicas rebasan a las políticas meramente estatales, caso contrario se enredan en cortapisas burocráticas y surgen los encargos creativos y favoritismos, que flaco favor hacen a la cultura.
Las políticas culturales jamás pueden estar escritas en piedra, son dinámicas y nacen de los requerimientos culturales, cuando la necesidad crea al órgano.
